Hay quienes pretenden que se les ofrezca un servicio profesional gratuito, sin tener en cuenta cuántas horas de estudio y desvelo costó adquirir el conocimiento alcanzado, para que quien ofrece el servicio, pueda hacer su labor apropiadamente.

Para estas personas la única labor que de veras cuenta y que en su criterio debe ser recompensada, es la que ellos realizan. De nada vale explicarles la frustración que implica el dedicar años al estudio de una materia procurando adquirir conocimientos propios de una especialización, para después ofrecerlos de forma gratuita a quien se presente a solicitarlos.

Por regla general estas personas luchan por obtener los servicios que se les brindan de balde o a precios reducidos. Regatean el pago de los servicios profesionales como si estuviesen comprando mercancía de segunda mano en un mercado de pulgas.

En el mercado inmobiliario esta es la carta del día, pues muy pocos le regatean a un médico por sus servicios, o al dentista por los costos de atenderse en su práctica, y mucho menos que decir cuando están comprando servicios funerales.

Cuando me refiero a que esta actitud mayormente se ve en el mercado inmobiliario, no pretendo circunscribir el hecho a la práctica de los agentes de bienes raíces solamente, pues es común escuchar la misma queja entre financistas, agentes que trabajan para compañías de título y abogados que ofrecen, entre los servicios profesionales comprendidos en su práctica, todo lo referente a las transacciones inmobiliarias.

Existen personas que me escriben largos emails explicándome, detalladamente, lo que les acontece en un caso de origen inmobiliario al cual se encuentran vinculados.

Los mismos me solicitan una opinión al respecto, de cualquier aspecto en particular concerniente al caso. Cuando les respondo que deben consultar un abogado especializado en esos avatares, para que les responda con exactitud lo que deben hacer, me responden que ellos lo que están buscando es ahorrarse los costos de consultar a un abogado y que por ello me escribieron.

Cuando les explico que para emitir un consejo legal hay que ser abogado y además tener una licencia activa en el Estado, que autorice para ello, y que esas no son mis condiciones, me han llegado a plantear que soy egoísta y que no deseo servirles.

Esa actitud refleja total falta al respeto, pues es mi privilegio decidir si entrego gratuitamente mis conocimientos y a quién.

Quienes consideren que sus casos requieren la intervención de una persona que practique leyes, mi consejo es que consulte a un abogado y pague los honorarios correspondientes a la consulta.

Poco importan los modos y las usanzas en los que usted se desenvolvía en su país de origen. Donde quiera que usted esté debe acatar las leyes del lugar y actuar acorde a los principios que usted observe en ellos.

José A. “Tony” Ruano es autor del libro “Bienes raíces: Manual práctico de compra, venta y administración.”